Expertos internacionales advierten que las economías más preparadas para resistir crisis climáticas, financieras y sociales son las que logran proteger mejor el desarrollo y reducir la desigualdad.
Cada inundación que destruye hogares, cada sequía que arrasa cosechas y cada crisis económica que deja familias sin recursos revela una realidad que el mundo ya no puede ignorar: ninguna economía puede avanzar de manera estable si millones de personas siguen siendo vulnerables ante cualquier emergencia.
Esa es una de las principales conclusiones planteadas por especialistas internacionales en resiliencia, desarrollo y finanzas inclusivas, quienes consideran que preparar a las sociedades para resistir y recuperarse de las crisis se ha convertido en una de las oportunidades económicas más importantes de la actualidad, aunque todavía poco aprovechada.
Según el análisis publicado el 6 de mayo de 2026 por expertas vinculadas al Programa Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la estabilidad duradera depende de que todas las personas, y no solo unos pocos sectores privilegiados, tengan capacidad para enfrentar situaciones extremas sin perder lo conseguido con años de esfuerzo.
El informe sostiene que cuando las sociedades cuentan con mecanismos capaces de proteger medios de vida, viviendas, ahorros y actividades económicas, también disminuye la presión sobre los gobiernos, que en muchos casos terminan desviando enormes cantidades de recursos públicos hacia la atención de emergencias y reconstrucciones.
Las inundaciones registradas en Pakistán en 2022 aparecen como uno de los ejemplos más contundentes de esta realidad. Cerca de 33 millones de personas vieron alteradas sus vidas y fuentes de ingresos tras el desastre. Además de las pérdidas humanas y materiales, el gobierno pakistaní tuvo que destinar miles de millones de dólares a ayudas de emergencia, reparación de infraestructuras y compensaciones económicas, dejando en segundo plano inversiones previstas para salud, educación y proyectos de largo plazo.
Lejos de tratarse de un caso aislado, las autoras advierten que este patrón se repite en numerosas regiones del mundo, donde un solo desastre natural puede borrar en cuestión de días avances alcanzados tras años de trabajo. A esto se suma el aumento de la desigualdad y la desaceleración económica que suele aparecer después de cada crisis.
Frente a este escenario, el documento explica que la reducción de riesgos y el acceso a herramientas financieras inclusivas permiten que las personas enfrenten mejor las dificultades. Cuando las familias disponen de seguros, sistemas de alerta temprana, acceso bancario o mecanismos de ahorro, tienen mayores posibilidades de recuperarse sin caer en la pobreza extrema.
Nepal figura entre los casos presentados como referencia. Allí, agricultores vulnerables comenzaron a recibir avisos anticipados sobre inundaciones y, al mismo tiempo, accedieron a seguros indexados contra daños climáticos. Como resultado, la participación en el programa casi se multiplicó por cinco entre 2022 y 2023, reflejando el interés creciente de las comunidades cuando existen herramientas útiles y accesibles para proteger sus actividades.
No obstante, el análisis cuestiona que en muchos países todavía se siga abordando por separado la gestión de desastres, el cambio climático y la inclusión financiera. Para las expertas, esa fragmentación limita los resultados porque los riesgos están conectados entre sí y terminan afectando distintas áreas al mismo tiempo.
El texto expone el ejemplo de una agricultora de Bangladesh sin acceso a cuentas bancarias, ahorros ni seguros. Cuando las inundaciones destruyen sus cultivos, queda sin recursos para recuperarse y puede verse obligada a endeudarse o retirar a sus hijos de la escuela. Según las autoras, situaciones similares muestran cómo la exclusión financiera agrava los efectos de las crisis climáticas.
Las consecuencias también alcanzan al sector empresarial y a las cadenas de suministro internacionales. Un modelo desarrollado en Tailandia junto a la Universidad de Oxford revela que reducir el riesgo de inundaciones urbanas no solo beneficia a las familias afectadas, sino también a empresas, industrias e inversionistas que dependen de la actividad económica de esas ciudades.
En medio de este panorama, la ciudad colombiana de Manizales aparece como uno de los ejemplos más completos de integración entre prevención de riesgos, protección financiera y asistencia social. Allí se han incorporado mapas de riesgo de catástrofes dentro de un programa municipal de seguros financiado mediante impuestos sobre propiedades.
El sistema permite que los hogares con mayores recursos contribuyan parcialmente a cubrir la protección de las familias más vulnerables, garantizando así que estas últimas puedan acceder al programa sin asumir costos imposibles de pagar.
Para las especialistas, este tipo de modelos demuestra que la resiliencia funciona mejor cuando distintas políticas públicas trabajan conectadas entre sí, integrando reducción de riesgos, protección social y acceso financiero dentro de una misma visión de desarrollo.
Finalmente, el informe señala que este desafío no corresponde únicamente a gobiernos o instituciones internacionales. También involucra a entidades financieras, empresas privadas, organizaciones sociales y responsables políticos, ya que las crisis actuales afectan simultáneamente a economías, comunidades y sistemas productivos enteros.
Las autoras concluyen que cuanto mayor sea la capacidad de las sociedades para anticiparse, resistir y recuperarse de las crisis, menores serán las pérdidas humanas y económicas, y mayores las posibilidades de mantener un crecimiento estable e inclusivo a largo plazo.
Fuente: weforum.org
