La propuesta presupuestaria pone el foco en la modernización digital, la mejora operativa de las estructuras judiciales y la adaptación institucional al nuevo contexto administrativo del país, en línea con la política estatal de control del gasto.
El Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos ha presentado este lunes su anteproyecto presupuestario para el ejercicio económico 2027 ante el Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, en el marco de las conferencias presupuestarias impulsadas por el Ejecutivo.
La sesión de trabajo ha sido presidida por el viceministro de Hacienda, Pedro Abeso Obiang, acompañado por el secretario de Estado encargado de Presupuestos, Justo Ngomo, y la secretaria de Estado encargada de Planificación, María Ebiaca. La delegación de Justicia estuvo encabezada por el ministro Reginaldo Biyogo Mba Ndong Anguesomo y su comisión técnica.
Durante la reunión, el departamento expuso un plan de gasto orientado a reforzar la eficiencia institucional sin apartarse de las medidas de disciplina presupuestaria adoptadas por el Gobierno.
La cartera ministerial prevé concentrar parte de sus recursos en la transformación digital de la administración judicial, mediante la informatización de procedimientos internos y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas destinadas a agilizar trámites y reducir costes operativos.
Además de la modernización tecnológica, el departamento contempla actuaciones vinculadas a la reorganización de sus servicios administrativos, incluyendo la adecuación de oficinas y estructuras ministeriales dentro del proceso de traslado hacia la futura capital administrativa del país.
Las previsiones económicas también incorporan mejoras en las delegaciones ministeriales distribuidas en el territorio nacional, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de los servicios públicos relacionados con la justicia y los derechos humanos.
Durante el análisis del anteproyecto, la comisión de evaluación presupuestaria examinó la coherencia de las partidas solicitadas y su impacto en el funcionamiento institucional, priorizando aquellas inversiones consideradas estratégicas para la modernización de la administración pública y el fortalecimiento del sistema judicial nacional.
