Una auditoría de la Brigada de Control de Nóminas y Pensiones (BCSP) ha detectado presuntos pagos retroactivos duplicados a 215 funcionarios de Camerún, quienes deberán justificar las cantidades recibidas ante el Ministerio de Finanzas.
El Ministerio de Finanzas de Camerún ha citado a 215 de sus empleados para que expliquen el supuesto cobro duplicado de pagos retroactivos, según un comunicado firmado el 9 de septiembre por el ministro Louis Paul Motazé.
Los funcionarios deberán presentarse ante la Dirección General de Presupuesto «lo antes posible y a más tardar quince días» después de la publicación del comunicado para justificar los pagos señalados.
Las irregularidades fueron detectadas durante una auditoría realizada por la Brigada de Control de Nóminas y Pensiones (BCSP). Algunos de los pagos identificados se remontan a julio y agosto de 2015, mientras que otros corresponden a periodos que se extienden hasta 2025.
El Ministerio de Finanzas no ha precisado el importe total de los fondos involucrados, el origen de los pagos duplicados ni las medidas que se adoptarán respecto a las cantidades consideradas indebidamente percibidas.
Consultado por EcoMatin para obtener más detalles sobre el caso, el Ministerio de Finanzas se negó a realizar comentarios.
La operación forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Gobierno camerunés para sanear la nómina del sector público y detectar posibles irregularidades en los pagos a funcionarios.
En febrero de 2025, el Ministerio de Finanzas indicó que había identificado 4.020 millones de francos CFA en salarios pagados indebidamente. De ese importe, 1.030 millones de francos CFA ya habían sido recuperados a finales de 2024.
La corrección de estas irregularidades debía permitir al Estado generar un ahorro estimado de unos 1.100 millones de francos CFA al año.
Desde enero de 2025, las autoridades también han recurrido a la aplicación AlGLES para reforzar los controles sobre las nóminas públicas.
En junio de 2026, el ministro de la Función Pública, Joseph Le, señaló que a finales de 2024 se habían identificado 53.525 empleados públicos que continuaban recibiendo bonificaciones o beneficios considerados indebidos.
«Tendrán que pagar y reembolsar este sobrepago», declaró Joseph Le en la televisión nacional, en referencia a los funcionarios afectados por estas irregularidades.
