Los arrendatarios sufren abusos y se sienten estafados por las prácticas de las agencias inmobiliarias que imponen condiciones restrictivas y tarifas excesivas.
La población de Malabo se enfrenta a una situación frustrante relacionada con la búsqueda de una vivienda que cumpla con estándares de dignidad y habitabilidad. Las quejas constantes se han sabido tras una investigación realizada por la Revista EcofingEG mediante entrevistas a varios ciudadanos, el cual refleja una creciente insatisfacción con el papel desempeñado por las agencias inmobiliarias, que pretenden facilitar el proceso, pero a menudo complican más las cosas.
En un contexto social donde no todas las personas cuentan con la capacidad económica o los recursos necesarios para construir una casa en las áreas urbanas donde desean vivir, las instituciones gubernamentales así como las personas privadas con recursos tienden a invertir en la construcción de viviendas que luego se ofrecen a la población a través de un esquema de alquiler mensual.
En los últimos años, esta demanda de espacios de alquiler ha visto un notable incremento, impulsado principalmente por el aumento de la población urbana y los frecuentes desplazamientos que obligan a muchas personas a cambiar de domicilio por razones laborales o de servicio. Esta movilidad forzada hace que encontrar un hogar adecuado se haga más urgente y desafiante.
Sin embargo, las viviendas ofrecidas por propietarios privados para ser alquiladas no están exentas de problemas. Los arrendatarios sienten que están sujetos a abusos y, a menudo, se consideran «estafados» por las prácticas de los gestores y las agencias de gestión de viviendas.
Es conocido que los propietarios delegan la administración de sus propiedades en agencias inmobiliarias, las cuales, en teoría, deberían facilitar el proceso, pero a menudo lo complican al imponer políticas restrictivas y condiciones económicas excesivamente rigurosas y «exageradas» que impactan negativamente a los arrendatarios.
Entre las prácticas más cuestionadas, se encuentran las políticas de las agencias que establecen tarifas desventajosas para la población que necesita alquilar. Un ejemplo es la tarifa de 5.000 FCFA, que puede alcanzar los 7.000 FCFA o 10.000 FCFA, que se impone solo para visitar una vivienda, dinero que no se devuelve si el interesado no queda con la casa. Este tipo de cobro no reembolsable es considerado anómalo en otras legislaciones como la española, y podría clasificarse como un acto de estafa.
En Guinea Ecuatorial, las agencias mantienen una inquebrantable condición de que el cliente abone una «pequeña comisión» para visitar la propiedad, sin opción de reembolso, haya o no una decisión final de alquiler. Este método permite que una misma casa sea visitada por múltiples inquilinos, generando ingresos para la agencia independientemente de que se concrete o no el arrendamiento. Para el arrendatario, esto representa un gasto económico adicional y una traba, especialmente si la publicidad de la vivienda no coincide con la realidad.
Una de las víctimas agrega que «el coste de transporte está a parte, si tiene que llamar al propietario de la casa le pones crédito, todo sale a cuenta del interesado», lamenta con enfado y frustración.
Existen reportes de que algunas agencias manipulan la descripción de propiedades, inventando características inexistentes solo con el fin de asegurarse el cobro de la comisión. Una vez que un interesado decide alquilar la propiedad, enfrenta otra tarifa: una comisión que debe pagar como agradecimiento por “la buena gestión” de la agencia, no menor de 15.000 FCFA. En otras partes del mundo, es común que esta tarifa la asuma el propietario del inmueble a cambio de la gestión del inquilino, llegando incluso a un acuerdo por el 10% del precio del alquiler.
Además, se ha reportado la disponibilidad ficticia de propiedades, es decir, casas que aunque ya están ocupadas, siguen anunciadas como disponibles, reflejando una falta de transparencia y manipulación en los anuncios, donde una misma propiedad puede estar gestionada por varias agencias, causando confusión e incomodidad entre los interesados.
«Muchos, incluso sin conocer al dueño de la propiedad, te llevan a visitar inmuebles donde no tienen ni acuerdo ni conocimiento», denuncia otro ciudadano..
Frente a este caos generalizado, la ausencia de una legislación adecuada que regule el mercado de alquiler es más que evidente. Aunque Guinea Ecuatorial adopte un sistema capitalista, esto no debería ser excusa para permitir el abuso de precios o cobros de concepto injustificados y arbitrarios. La proliferación de supuestos gestores a través de plataformas como WhatsApp podría indicar que estos individuos ven en el desespero de la población por encontrar un hogar una oportunidad de explotación económica.
