La medida surge ante la preocupación del Gobierno por la proliferación de construcciones que no se ajustan a la planificación urbanística. Aquellos que acrediten la titularidad legal serán indemnizados y reubicados de acuerdo con la normativa vigente.
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ha anunciado una importante decisión respecto a la situación de las parcelas ocupadas en la prestigiosa zona ministerial de Malabo II, ofreciendo un plazo de un año para que los ocupantes puedan regularizar su situación. Este paso significativo ha sido comunicado a la población por el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, en una reunión que se llevó a cabo el 31 de marzo en el icónico Palacio del Pueblo de Malabo, contando con la participación de los departamentos gubernamentales implicados en la cuestión.
Esta medida se introduce en respuesta a la creciente preocupación del Gobierno por la proliferación descontrolada de edificaciones que se alejan de los planes urbanísticos preestablecidos, especialmente en el corredor que se extiende desde la zona de Gepetrol de Malabo II hasta el estratégico peaje del aeropuerto. Esta área ha sido cuidadosamente planificada para albergar desarrollos residenciales de alto nivel, centros institucionales y servicios esenciales, con el fin de asegurar un crecimiento ordenado y estético.
En este escenario, el Vicepresidente ha resaltado la importancia de que las autoridades correspondientes examinen minuciosamente la situación legal de cada una de las parcelas y edificaciones. Es imperativo que los ocupantes presenten la documentación que acredite su derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan. Aquellos que demuestren la titularidad correcta y legal recibirán compensación económica y serán recolocados conforme a la normativa actual, asegurando que sus derechos sean plenamente respetados.
Nguema Obiang Mangue ha enfatizado que las construcciones no autorizadas no solo afectan la apariencia visual y el atractivo de las zonas urbanas, sino que también degradan el valor económico de estas áreas y dificultan los procesos de planificación necesarios para el desarrollo sustentable de la ciudad. Por tanto, ha reafirmado la necesidad de que se respete rigurosamente los criterios específicos definidos para el uso de cada espacio.
Además, el funcionario gubernamental ha asignado al Ayuntamiento de Malabo, trabajando estrechamente con los ministerios pertinentes, la tarea de desarrollar urgentemente un plan de ordenación urbana que delimite claramente las áreas residenciales, comerciales e institucionales. Este plan deberá establecer, con precisión, los lineamientos para el uso adecuado del suelo, promoviendo así un crecimiento urbano ordenado y sostenible.
En este contexto, es vital recordar que los presidentes de comunidades no poseen la autoridad legal para vender parcelas, advirtiendo que cualquier transacción que se realice fuera de la normativa vigente será considerada irregular, siendo susceptible de las acciones legales pertinentes. Por lo tanto, se hace un llamado a la población a verificar siempre la legalidad de los terrenos antes de realizar cualquier compra, con el propósito de evitar conflictos legales en el futuro y garantizar la seguridad jurídica de sus propiedades. Esta iniciativa del Gobierno refleja un compromiso profundo con un desarrollo urbano responsable y equilibrado.
