El Gobierno ha excluido a más de 1.200 trabajadores de la Administración pública tras revisar 1.762 expedientes administrativos, en una operación destinada a regularizar la situación del personal estatal y mejorar el control de la masa salarial.
La Comisión de Controversias de la Administración Pública presentó su informe el 18 de septiembre, durante una reunión del Consejo de Ministros presidida por el jefe de Estado, Brice Clotaire Oligui Nguema. El organismo fue encargado de examinar las irregularidades detectadas tras el censo biométrico y administrativo de los empleados públicos.
De los 1.762 casos examinados, la Comisión dictaminó 16 reincorporaciones, 589 despidos con derecho a pensión, 10 despidos sin derecho a pensión y 600 ceses de personal no permanente. En conjunto, estas decisiones afectan a 1.199 trabajadores, lo que equivale al 68% de los expedientes analizados.
El comunicado final del Consejo de Ministros señala que se instruyó a los departamentos competentes a ejecutar las decisiones adoptadas, notificar a los empleados afectados y actualizar de inmediato los registros administrativos correspondientes.
Aunque las autoridades todavía no han detallado los motivos específicos de las bajas en la nómina pública, la operación se enmarca en los esfuerzos por controlar el gasto estatal. El Gobierno prevé ahorrar cerca de 11.000 millones de francos CFA anuales mediante esta regularización administrativa.
La medida se produce, además, en un contexto de aumento previsto de la masa salarial pública. Esta pasaría de 958.600 millones de francos CFA en el presupuesto suplementario de 2026 a 963.900 millones en 2027, lo que supone un incremento de 5.300 millones de francos CFA. Esta evolución estaría vinculada, principalmente, a la regularización de situaciones administrativas.
En este proceso, la Comisión también ha emitido dictámenes relacionados con sanciones disciplinarias, rescisión de contratos y otras cuestiones administrativas.
Ya en 2024, el Banco Africano de Desarrollo recomendaba a Gabón reforzar la movilización de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público para liberar un margen presupuestario significativo.
