El país concentra más del 58 % de las retiradas de dinero en efectivo de la subregión, muy por delante del resto de Estados, pese al avance de los pagos electrónicos.
El Camerún se mantiene en 2024 como el país con mayor uso de efectivo dentro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), según el último informe del Banco de los Estados de África Central.
Durante el periodo analizado, los agentes económicos cameruneses retiraron un total de 10.110,54 mil millones de francos CFA, lo que representa más del 58 % del volumen global registrado en la subregión.
La diferencia con otros países es notable. Gabón ocupa el segundo lugar con 1.689 mil millones de FCFA retirados, seguido por Chad con 1.651,8 mil millones. Congo se sitúa en cuarta posición, por delante de Guinea Ecuatorial, mientras que la República Centroafricana cierra la lista con apenas 148 mil millones de FCFA.
Según el banco central, las retiradas de efectivo se realizan principalmente a través de dos canales: en ventanillas de bancos y entidades de microfinanzas, y mediante cajeros automáticos. Este predominio del dinero físico persiste a pesar de los esfuerzos institucionales por impulsar los pagos electrónicos en la región.
La BEAC advierte de que esta tendencia pone de manifiesto que el uso del efectivo no está disminuyendo, lo que evidencia la necesidad de reforzar la inclusión financiera y la sensibilización sobre los medios de pago digitales.
A nivel internacional, el alto uso de efectivo genera preocupación. Organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional alertan de que las transacciones en metálico pueden facilitar actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este contexto, el Camerún fue incluido el 23 de junio de 2023 en la “lista gris” del GAFI por deficiencias estratégicas en su sistema de control.
Como respuesta, el presidente Paul Biya firmó el 30 de octubre de 2023 un decreto para crear un comité nacional encargado de coordinar las políticas contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Este órgano, bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas, busca fortalecer la capacidad institucional del país frente a estos riesgos.
