Más de 22.000 trabajadores públicos se trasladarán a la nueva capital administrativa de Guinea Ecuatorial en Djibloho.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha decidido destinar las 1.200 viviendas inicialmente previstas para militares a los funcionarios que serán trasladados a la nueva capital administrativa, Ciudad de La Paz, en la provincia de Djibloho. Esta medida responde a la creciente necesidad de alojamiento derivada del traslado de más de 22.000 trabajadores públicos.
El anuncio fue realizado por el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, durante una reunión intersectorial en la Jefatura de Estado en Malabo, en la que participaron representantes del Gobierno, empresas constructoras y bancos. El encuentro tuvo como objetivo analizar el estado de las obras en la nueva capital y definir estrategias para acelerar los proyectos de infraestructura.
Durante la reunión, las obras se clasificaron en tres bloques: construcciones casi terminadas, que deben finalizarse y fijar fecha de inauguración; obras con un nivel medio de ejecución, que serán reactivadas; y proyectos recién iniciados, que recibirán atención prioritaria.
El Vicepresidente destacó la importancia de reactivar la planta de prefabricados, fundamental para garantizar materiales de calidad y agilizar la construcción. Para ello, instruyó al Ministerio de Obras Públicas, GE-PROYECTOS y a la empresa Condote a coordinarse para establecer precios accesibles de los materiales.
Además, se considera la colaboración con la empresa portuguesa Saraiva, que ha mostrado interés en participar en la construcción de viviendas sociales, galerías comerciales y otras infraestructuras públicas en La Paz.
En cuanto a la vivienda, Nguema Obiang Mangue subrayó la necesidad de soluciones inmediatas para los funcionarios y anunció que las viviendas militares se reconvertirán en viviendas sociales. También instó a las constructoras a utilizar sistemas de construcción más ágiles, como los materiales prefabricados, con el objetivo de entregar alrededor de 100 viviendas cada 45 días a precios accesibles.
Respecto a la financiación, el Vicepresidente consideró insuficiente la propuesta presentada por los bancos y solicitó que la comisión encargada negocie nuevas condiciones que no supongan una carga económica excesiva para los trabajadores públicos.
