Contrario a la creencia popular, las naciones en desarrollo operan con plantillas reducidas. Un nuevo estudio revela que invertir en su capital humano es la ruta para asegurar los servicios esenciales y el desarrollo económico.
Durante décadas, el sentido común ha dictado que una nómina pública abultada es sinónimo de ineficiencia y despilfarro. Sin embargo, un análisis detallado del Banco Mundial, basado en datos de su Laboratorio de Burocracia, desafía esta percepción y presenta una realidad contraintuitiva: los países que más necesitan un Estado fuerte son, precisamente, los que menos personal tienen para construirlo. Lejos de recortar, la evidencia sugiere que la prioridad debería ser una inyección de talento y recursos humanos en el sector público.
En primer lugar, se desmonta el mito de la burocracia desbordada. Los países de bajos ingresos cuentan con una dotación de personal sorprendentemente baja: apenas 23 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Esta cifra contrasta radicalmente con los 87 trabajadores por cada 1.000 habitantes que se observan en las naciones de altos ingresos. Esta correlación indica que, a medida que una economía madura, su dependencia del sector público para gestionar servicios complejos y universales se vuelve mayor. Por lo tanto, si los países en desarrollo aspiran a recorrer ese mismo camino, necesitarán planificar un aumento de sus plantillas, no una reducción.
En segundo lugar, el déficit de personal no es generalizado, sino que se concentra en los engranajes vitales del Estado. La mitad de los empleos públicos se dedican a servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad. El problema es que muchos países en desarrollo, especialmente las zonas rurales, carecen de estos trabajadores. Un ejemplo crítico se observa en las naciones afectadas por Fragilidad, Conflicto y Violencia (FCV), donde, a pesar de una necesidad acuciante de orden público, existe la mitad de agentes de policía per cápita que en países estables. Esta escasez genera un círculo vicioso que perpetúa la debilidad institucional.
Por último, es crucial entender el papel del Estado como principal motor de empleo formal, especialmente para las mujeres. En un contexto donde el sector privado aún no ha despegado con la fuerza suficiente, el sector público representa el 38% del empleo formal a nivel global, y una cifra asombrosa del 59% en países con FCV. Además, actúa como un agente de inclusión: las mujeres ocupan el 46% de los puestos remunerados en el sector público, una representación muy superior al 33% que alcanzan en el ámbito privado. Esto implica que cualquier ajuste drástico en la nómina pública tendría un impacto desproporcionado y negativo en la autonomía económica femenina.
Ahora bien, la recomendación de aumentar la inversión viene con una advertencia ineludible: no basta con contratar, sino que es imperativo hacerlo bien. El principal problema no es solo la cantidad, sino la falta de preparación. En muchos países de ingresos bajos y medios, una gran parte de los docentes no domina las materias que imparte. Del mismo modo, la capacidad diagnóstica de los médicos en el África subsahariana es alarmantemente baja, con una precisión media del 67%. En el ámbito administrativo, la carencia de habilidades digitales básicas, como el manejo de herramientas de oficina, es generalizada.
Esta brecha de competencias tiene un origen claro: la ausencia de mecanismos de selección basados en el mérito. Las encuestas revelan que una proporción significativa de funcionarios accede a su puesto sin un concurso público, llegando a superar el 70% en el caso del personal sanitario en Malí y Madagascar. Incluso donde existen exámenes, estos suelen evaluar conocimientos teóricos y jurídicos en lugar de las habilidades prácticas necesarias para el día a día laboral.
En conclusión, ante un escenario de restricción fiscal, la tentación de recurrir a recortes de personal puede ser un error de consecuencias profundas. Una reducción indiscriminada de trabajadores no solo comprometería la prestación de servicios como la salud o la educación, sino que socavaría la propia capacidad del Estado para funcionar. Lo que proponen los datos es una recalibración: evaluar periódicamente las verdaderas necesidades de personal, profesionalizar los procesos de selección y, sobre todo, invertir en las habilidades de quienes ya están y de quienes vendrán. Al fin y al cabo, un Estado capaz no se construye con menos personas, sino con las personas adecuadas.
