Eso implicaría que, si un trabajador es despedido, el empleador solo tendría que pagar 30 días de salario por cada año de servicio, en lugar de 45 días. Esto podría hacer que las empresas sean más competitivas y atraigan más inversiones.
El ministro de Trabajo y Fomento de Empleo, Alfredo Mitogo Mitogo Ada, defendió en una sesión abierta al debate y al intercambio de opiniones, celebrada ante la Comisión Permanente de Política Social, Igualdad de Género y Promoción de Empleo del Senado, la importante propuesta de reducir el cómputo de la antigüedad de los trabajadores de 45 a 30 días. Esta medida se enmarca dentro de una ambiciosa reforma de la Ley General de Trabajo actualmente vigente en Guinea Ecuatorial, una legislación que busca adaptarse a la cambiante realidad del mercado laboral y que se encuentra bajo un atento escrutinio.
Durante su comparecencia moderada por la presidenta del Senado, Teresa Efua Asangono, Mitogo Mitogo Ada explicó con detalle cómo las condiciones del mercado laboral, desde la aprobación de la actual ley en 2021, han experimentado un deterioro notable, impulsado por factores económicos y sociales no previstos. La presentación incluyó diversas intervenciones de los senadores, quienes, con interés y preocupación, interrogaron al ministro sobre las razones que sustentan la propuesta de reducción en el reconocimiento de la antigüedad laboral de los trabajadores.
En respuesta a estas inquietudes, el ministro subrayó que el objetivo primordial de esta propuesta es apoyar y pensar en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son vistas como las estructuras económicas más capaces de generar empleo dentro del país y dinamizar el tejido productivo de la nación. Según argumentó el propio ministro de Trabajo, las leyes vigentes hasta ahora no han logrado el efecto deseado de revalorizar al trabajador a través de la antigüedad. Estos problemas se han visto evidenciados en la incapacidad de las pymes para crear nuevos puestos laborales debido a la pesada carga económica que enfrentan día tras día.
Por esta razón, el Ejecutivo ha considerado imperativo tomar medidas para aliviar dicha presión económica que los empleadores deben soportar, tratando así de abrir camino a nuevas contrataciones y, en última instancia, a impulsar el aumento de la productividad empresarial en beneficio de la economía nacional. La propuesta mencionada es parte de un paquete más amplio de modificaciones que el Gobierno impulsa en la segunda lectura del proyecto de ley que, de entrar en vigor, reformaría significativamente la Ley nº 4/2021, General de Trabajo, y busca ofrecer soluciones más efectivas y equitativas para todos los actores del mercado laboral en el país.
